La nueva legislación de Estados Unidos suaviza la ley aplicable a las aeronaves tripuladas de forma remota aunque queda en el aire las cuestiones de seguridad, privacidad y las operaciones comerciales que utilizan drones para entregar productos.
Estados Unidos ha anunciado la nueva regulación aplicable a las aeronaves no tripuladas. La FAA (Administración Federal de Aviación) publicó el 21 de junio la regulación aplicable en Estados Unidos. Reduce en gran medida las limitaciones a los drones de menos de 25 kilos.
Anteriormente, era necesario estar en posesión de una licencia de piloto y solicitar autorizaciones de vuelo. Ahora estas obligaciones desaparecen: habrá que declarar los drones, registrarlos y los usuarios tendrán que pasar cada dos años una prueba de habilidad. En las zonas sensibles, especialmente aquellas ubicadas cerca de los aeropuertos, todavía será necesario solicitar la autorización, pero la Administración se ha comprometido a dar respuesta a la misma en un plazo de diez días.
Los drones de uso comercial deberán volar por debajo de un límite máximo de 122 metros (400 pies) – frente a los 150 metros en Francia o los 120 de España – y permanecer en el campo de visión del operador sin aventurarse por encima de lugares densamente poblados.
El anuncio de esta regulación ha sido bien recibida por todos los interesados. «Considero este texto como un hito significativo», ha señalado Brian Wynne, presidente de AUVSI (Asociación del Grupo Internacional de Comercio de Vehículos no Tripulados), que incluye a las principales compañías del sector. “Esto es sólo el principio del proceso; vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con el sector privado ya que el presidente ha dejado claro que el futuro éxito de nuestra economía dependerá de nuestra capacidad de innovación”, ha destacado Josh Earnest, portavoz de Obama.
Sin embargo, la nueva regulación no menciona la cuestión de las operaciones de entrega mediante drones. Amazon, Alphabet (ex-Google), Walmart o la china Alibaba tienen grandes proyectos y la FAA ya ha concedido licencias para que algunas de estas empresas realicen pruebas. La Casa Blanca ha señalado que las negociaciones para desarrollar una regulación en este ámbito están en marcha.
Y la FAA ha abierto más o menos la puerta al indicar que los procedimientos para obtener una derogación (la agencia gubernamental ya ha otorgado miles) se simplificará. De hecho, en la actualidad sería prematuro legislar sobre la cuestión de las entregas por drones. Los operadores no disponen todavía de un sistema de gestión automatizada del tráfico aéreo a baja altura -en el que la NASA trabaja con múltiples startup-. En cuanto a las grandes empresas de distribución, aún no se han desarrollado.
Tampoco aborda la cuestión de seguridad y de privacidad, que, como señala este editorial de enero del diario The New York Times, preocupa: “los drones son cada vez más pequeños, más baratos y numerosos -algunos de los modelos más populares cuestan menos de 1000 dólares-, y los políticos deben hacer frente a determinados problemas potenciales. Es obvio que se puede hacer un buen uso de esas máquinas, como por ejemplo la inspección de antenas telefónicas, la realización de películas o la compilación de carteras inmobiliarias multidimensionales. pero también se pueden utilizar para espiar y acosar a la gente. Y pueden poner en peligro a otras aeronaves”.
El diario norteamericano destacaba que hay que “regular de algún modo el uso privado y comercial de los drones. La tarea de los reguladores consistirá en proteger la privacidad y promover la seguridad sin violar los derechos de la Primera Enmienda que protege a ciudadanos y empresas que desean hacer uso de los drones con fines legítimos, como la fotografía o el periodismo”.
Y aunque señalaba que “muchos defensores de la privacidad también están preocupados de que las empresas usen los drones para recabar información de las señales inalámbricas emitidas por los teléfonos móviles y determinar así la localización de las personas- como ya hizo una empresa de marketing el año pasado en Los Ángeles- ,pedía que aunque “el deseo del público por tener normas claras es comprensible, los responsables políticos no deberían dificultar de tal manera el uso de drones que terminen por limitar los derechos de la Primera Enmienda de cineastas, activistas y periodistas”.
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