Hacienda descubre con satélite y drones 1,69 millones de inmuebles que no habían tributado. Se han recaudado 1.254 millones extra para más de 4.000 municipios. Los propietarios ocultaron a los ayuntamientos ampliaciones de viviendas y piscinas.

La operación no ha concluido. A los más de 4.000 municipios ya terminados o cerca de concluir hay que añadir otros 1.721 iniciados por el Catastro, que está vigilando vía satélite y con drones 6.331 municipios en los últimos dos años y medio.

Hacienda ha descubierto 1,69 millones de inmuebles en España que no habían tributado gracias a un rastreo desde el aire de estos sistemas tripulados de forma remota en más de 4.340 municipios. Éste es el balance que la Dirección General del Catastro ha remitido al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, y que describe la investigación como altamente eficaz al haber superado las expectativas en un 24% más de lo previsto.

El Catastro viene realizando esta investigación desde 2014 mediante fórmulas tecnológicas sin precedentes en España y, tras descubrir fraude en los citados inmuebles, ha generado una recaudación extraordinaria en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 1.254 millones, según el balance oficial del Ministerio, lo que ha beneficiado sobremanera los ingresos municipales.

Su estimación es que el fraude descubierto alcanza como media el 8,9% de los inmuebles urbanos registrados en el padrón. El grueso no son inmuebles que no se conocieran en el municipio, sino nuevas construcciones, ampliaciones y piscinas que los propietarios no declaraban ahorrándose el IBI. El 70% de la regularización corresponde a omisiones de este tipo. Pero no sólo, Hacienda calcula que, como media, el padrón urbano ha aumentado un 3% en los municipios rastreados, porque también ha habido inmuebles desconocidos para sus propios ayuntamientos.

Sólo en los 4.145 municipios en los que el trabajo ha sido considerado ya terminado, se han descubierto 1,61 millones de inmuebles que no habían pagado todo el IBI que deberían, un 8,62% del total.

En términos absolutos, la comunidad autónoma donde más fraude se ha descubierto hasta ahora es Andalucía, con 373.224 inmuebles regularizados, seguida de Galicia con 213.017 y Castilla y León, con 164.141. Pero en proporción, encabeza la clasificación Aragón, donde el fraude equivale al 16,87% de los inmuebles; por encima del 15,37% en Galicia y 14,29% en Castilla-La Mancha.

No obstante, en Hacienda señalan que el rastreo se ha producido en muchos casos a petición de los municipios y, por ejemplo, se han analizado en Aragón casi tantas localidades como en Andalucía, pese a la diferencia de población. Las comunidades de País Vasco y Navarra, con régimen fiscal diferenciado, han quedado fuera de la investigación.

Por provincias, el mayor fraude se registra en Lugo con un 27,26% sin tributar correctamente de todos los inmuebles urbanos registrados. Sigue Zamora con un 21,93% y Teruel, con el 20,48%. Hacienda no informa del coste de la investigación, pero sí aporta este dato. «Por cada euro invertido en el plan de regularización catastral, se recuperan 16 euros en forma de incremento de recaudación en el IBI». De ello se deduce que el Catastro ha invertido unos 80 millones en este colosal rastreo.

Este aumento del valor de la construcción implica fraude en el IBI. Este impuesto ha sido clave para los ayuntamientos en los años de crisis, hasta representar la mitad de los ingresos que obtienen las corporaciones y convertirse en esenciales para que éstas registraran un superávit inalcanzable hasta ahora para la Administración Central y las Comunidades Autónomas. Hacienda pone como ejemplo una finca analizada vía satélite en la que sólo constaba que había suelo sin construir valorado en 22.000 euros. Su propietario pagaba una cuota de IBI de 132 euros. Sin embargo, tras detectar que se había construido una vivienda en esa superficie, el valor catastral pasó a ser 88.000 euros y el pago de IBI regularizado, de 528 euros.

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Fuente: http://www.elmundo.es/

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