El retraso en los cambios normativos para permitirles operar en zonas urbanas deja pérdidas millonarias a empresas del sector.

Prohibido volar en zonas urbanas, parques o aeropuertos y donde haya aglomeraciones. Son algunas de las restricciones de la ley estatal sobre el uso de drones que limita el uso de estos aparatos y acarrea pérdidas para las empresas hasta que el Gobierno apruebe la nueva norma que permita su vuelo en ciudades.

Inspecciones de auditorías de antenas de telefonía, de cubiertas o de edificios o filmaciones aéreas para anuncios publicitarios, documentales o películas son solo algunas de las funciones que no pueden llevar a cabo las empresas de drones debido a la normativa de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) a la que están sujetos. El vuelo de drones está prohibido en zonas urbanas o sobre aglomeraciones de personas como parques y espacios naturales protegidos, jardines públicos o privados, calles, playas, conciertos, bodas o manifestaciones.Tampoco puede hacerse volar el dron cerca de aeropuertos, aeródromos, helipuertos o en áreas habilitadas para la práctica de parapente o paracaidismo. Incluso en las zonas permitidas solo podrán sobrevolarla de día y a menos de 120 metros.

Empresas gallegas como Aeromedia -con sede en Oleiros y con otras 19 delegaciones repartidas por toda España- llevan año y medio a la espera de que el Gobierno central apruebe la normativa definitiva que modifique la legislación provisional y «restrictiva» actual. En principio, el Ministerio de Fomento prevé que la nueva regulación permite el vuelo de drones de menos de diez kilos en zonas urbanas, algo que hasta ahora está prohibido.

Cumplir con la ley está acarreando a las empresas de drones cuantiosas pérdidas al no poder desarrollar muchas de las actividades para las que están habilitadas y tienen capacidad, según explica el director de producción de Aeromedia, Raúl Díaz. Con la reciente investidura de Mariano Rajoy como presidente y la inminente formación de Gobierno, confían en que se reconduzca el tema y puedan tener una ley adaptada a la realidad. Díaz recuerda que, en su día, la novedad que supuso la aparición de los drones y toda la infinidad de aplicaciones que ofrecen y el hecho de que no solo las empresas especializadas se hicieron con ellos sino también particulares que los compraba «como ocio» obligó a la AESA a «cortar de raíz» el problema y sacar ese real decreto para restringir su uso «ante la incapacidad de controlarlo».

Cuando se cambie esta ley y se apruebe la definitiva, por el contrario, solo se permitirá su uso a profesionales y pilotos autorizados por lo que las restricciones serán menores. Pero mientras tanto las empresas de drones que no estén dispuestas a perder beneficios por las limitaciones de uso que impone la norma se arriesgan a enfrentarse a multas de hasta 250.000 euros. Las sanciones más leves se mueven entre los 4.500 y los 7.500 euros. «Como no había normativa sobre este tema AESA reguló el uso civil de los drones como si fuesen aviones y nos exigen lo mismo que si fuésemos una compañía aérea, cuando lo somos pero a muy pequeña escala y no tenemos esas infraestructuras para asumir esas restricciones y mucho menos esas sanciones tan elevadas», señala el responsable de Aeromedia.

Fuente: http://www.farodevigo.es/